ANTONIO CERDA ARDURA
La triste realidad está demostrando que el presidente Felipe Calderón está completamenle solo en la guerra contra el narcotráfico y que sus asesores v encargados de los organismos de seguridad e inteligencia son simples figuras de ornato, o, de plano, estorbos.
Desde The Denver Post, de los Estados Unidos, hasta The Mainichi Daily News, de Japón, los periódicos de todo el mundo han desplegado en los últimos días la supuesta y alarmante información de que la población mexicana está descontenta con el papel que desempeña el Ejército en esa lucha, sin que esos funcionarios se atrevan a dar la cara para desmentirlos, ni para limpiar la imagen de México o de la única institución que está evitando que la delincuencia provoque una catástrofe nacional. Basta buscar en Internet (Google), por ejemplo, la frase: Mexican discontent against the Army (Descontento mexicano con el Ejército), para que se desplieguen ¡271 mil resultados!, de medios informativos de todo el mundo, adversos a nuestros soldados.
Y es que en las últimas dos semanas, la falta de inteligencia del gobierno para prevenir riesgos a la seguridad nacional y de un programa informativo de calidad hacia la población han provocado tal confusión, que ya nadie sabe si tiene a un narcotraficante apostado en cada esquina repartiendo dinero para golpear a las Fuerzas Armadas, o si las autoridades en los estados hacen tabla rasa para culpar a quienes los impugnan de proteger a los barones de las drogas.
Durante ese lapso, las ciudades de Monterrey (Nuevo León); Juárez (Chihuahua); Nuevo Laredo, Reynosa y atamoros (Tamaulipas), así como la capital veracruzana y los municipios de esa entidad: Xalapa, Nogales, Ciudad Mendoza, Cuitláhuac, Tuxpan y Poza Rica han sido escenario de manifestaciones y de bloqueos de carreteras, puentes internacionales y casetas de cobro, por parte de cientos de personas, muchas de ellas encapuchadas, que se dicen afectadas por los operativos del Ejército en contra del narcotráfico.
Las protestas coincidieron, el martes 17 de febrero, en Reynosa, con un enfrentamiento a balazos y bazukazos entre soldados y presuntos narcotraficantes, y, en Monterrey, el 12 de febrero, con el asesinato del comandante Ramón Jasso Rodríguez, encargado del segundo grupo de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Si bien es verdad que estas manifestaciones, a las que les han llamado de "los tapados", causan recelo porque parecen espontáneas y han sido organizadas de la noche a la mañana, también es cierto que el gobierno federal y las autoridades estatales no han atinado a esclarecer su origen y financiamiento. Así que la salida más fácil para explicarlas ha sido su clasificación como actos de presión promovidos por el narcotráfico.
Mientras representantes de organizaciones no gubernamentales como Madeleine Penman, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, alertan al respecto de que durante la gestión del presidente Calderón han aumentado las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares (182 casos, en 2006; 375, en 2007, y 631, en 2008), funcionarios como el gobernador de Nuevo León, José Natividad González...